El culebrón que hizo del “Coko” Sosa un galán de cárcel

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El actor Manuel “Coko” Sosa fue detenido bajo acusaciones de corrupción y tráfico de drogas. La imputación se hizo pública hace tres meses, pero el hombre andaba confiado y con el manto que le da ser servil a la revolución. Pero algún poderoso decidió apagarlo, refieren los investigadores del caso. Su vida de lujos y hasta armas, con chapas y vehículos oficiales, ahora discurre en una celda en la que estará “por mucho tiempo”

En camionetas último modelo (Toyota 4Runner y sin placas) se movía por Caracas y el resto del país Manuel Vicente Sosa Morales, de 33 años. Era un semidiós que contaba con comodidades, escoltas, lujos y hasta armas, según refiere la investigación policial. Pero este 4 de octubre su suerte cambió. De las pantallas de televisión saltó a una celda con presos comunes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta, al este de la ciudad capital.

En un primer momento, las redes se llenaron de lecturas: “es un show”, “es increíble” y el habitual “es un trapo rojo”. Pero los informes que corrieron de oficina en oficina cuentan que el conocido “Coko” Sosa fue capturado por sus vinculaciones con negocios fraudulentos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Un desfalco que supera los 20 millones de dólares, registra el expediente.

El 10 de julio de este año la fiscal general Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio al ser decidida su destitución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció el acto de imputación al actor y ex pareja de la infanta del chavismo María Gabriela Chávez. Se le acusaba de irregularidades administrativas y compras con sobreprecios a través de la empresa Suministros Gramal C.A., en la cual figura como presidente, que negoció convenios con Petropiar. Con la petrolera negoció unas impresoras con sobreprecio, según información del Ministerio Público.

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En la reducida información aún disponible en el Registro Nacional de Contratistas, se establece que la firma -que ha recibido asignaciones de divisas vía Dicom- está habilitada para contratar con el Estado y ofrece servicios que van desde maquinaria para construcción hasta productos de tocador, pasando por servicios de Defensa Nacional, Orden Público y Seguridad y compra, venta, distribución, importación y exportaciones de medicinas y vacunas. Sus oficinas se ubican en la urbanización Maiquetía, calle Padre Machado, Quinta Santa Ana S/N, en el estado Vargas, y registra como empleados tan solo a dos personas. El teléfono de contacto está desconectado. Alí Ramos aparece como socio y vicepresidente de Suministros Gramal, y también fue citado para ser imputado el pasado 13 de julio de 2017. Tampoco se presentó.

Pero Sosa Morales también tiene otros negocios a su nombre, especialmente en el sur del estado de Florida en Estados Unidos. Publica la periodista Maibort Petit en Analítica que en 2012 nació Queen Supply LLC, con domicilio en Doral, en la cual figura como socio de Alejandro Hellmuud y David Castrillón. En agosto de 2016, el “Coko” creó la Fundación Mónica Spear, ubicada en Pembroke Pines, luego del asesinato de la reina de belleza y su compañera de elenco.

Por si fuera poco, el portal chavista La Tabla afirma que el imputado es propietario de dos compañías más en Estados Unidos: Spearkon y Samanna, que operan desde una dirección coincidente con otras cuatro empresas dirigidas por Irina Lucena, una mujer que “aparece como secretaria de empresas donde Sosa es el presidente”. Y sostiene que el indiciado usó en repetidas ocasiones un jet Westwing II, siglas YV-2981, que “también ha sido usado por el exdirector de la Faja del Orinoco, Pedro León, actualmente privado de libertad en la Dgcim”.

En marzo de 2013, durante un acto en apoyo al entonces candidato presidencial Nicolás Maduro, Manuel Sosa afirmó: “Yo toda la vida me he dedicado a trabajar humildemente y a ganarme las cosas por mí mismo”.

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Bajo el manto sagrado, y rojo

Luego del anuncio del Ministerio Público que encabezaba Ortega Díaz, la Fiscalía 50 con competencia nacional citó a Sosa para imputarlo el 13 de julio, pero nunca asistió. De hecho, ninguna de las imputaciones anunciadas entonces por corrupción fue atendida por los señalados, y hasta el Tribunal Supremo de Justicia echó para atrás las que recayeron sobre Antonio Benavides Torres y Gustavo González López por violación de derechos humanos. El “Coko” se sintió confiado, y los registros en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas muestran que incluso viajó fuera del país, y volvió.

Con la expulsión de Luisa Ortega Díaz del Ministerio Público hubo aún más tranquilidad. Se sentía guapo y apoyado. Y cómo no estarlo, si andaba escoltado por un anillo de seguridad conformado por tres personas: dos escoltas portaban credenciales de la Policía Militar, aunque no gozaron de entrenamiento estratégico para esas funciones castrenses, y otro guachimán de su confianza es funcionario activo de la Guardia Nacional (GN), en pleno proceso administrativo para solicitar la baja pero cumpliendo funciones en “comisión de servicios”. Todos iban armados con pistolas automáticas calibre 9 mm, como quedó registrado en el acta policial.

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Aún no se sabe quién era el “peso pesado” que le asignó tal seguridad “oficial”. Personas ligadas a la investigación refieren que “alguien con mucho poder” debe estar tras las credenciales que protegían al actor convertido en empresario. El joven, además, circulaba en vehículos de alta gama, camionetas de lujo de color blanco con vidrios ahumados y sin placas, igual a las que utilizan los altos funcionarios del Gobierno nacional. Era un vehículo oficial, con el respectivo papel en el parabrisas que así lo certificaba, y no había alcabala que lo detuviera.

La seguridad de ser un intocable se confirmaba con las sucesivas reuniones que sostuvo en hoteles de Caracas con personas a las que convocaba para ofrecerles trabajo en lo que sería su nueva aventura, el relanzamiento de su carrera, ahora como cantante. “Él quiso que trabajara para él, incluso me citó varias veces en un hotel de Caracas. No me convenció porque exhibía una vida de lujos y armas. No era la persona que conocí”, comenta una persona que prefiere no identificarse pero da cuenta de las conversaciones.

La jugada

Los funcionarios recibieron la orden de captura hace una semana. El papel fue emitido por un juez, pero empujado por una petición “desde las alturas”, afirman. El mandamiento, cuenta, se produjo en un despacho “muy alto”, casi rozando el que más. Por ello, el cuerpo que actuó fue la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que depende del Ministerio de la Defensa.

El actor estaba dentro del país. Los registros migratorios lo ubicaban dentro de las fronteras nacionales. La búsqueda, entonces, comenzó a través de la telefonía. Los funcionarios rastrearon la pista de las conexiones vía celular de su presa, estudiándolas con detenimiento, y lograron detectar su ubicación el miércoles 4 de octubre: estaba en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda. “Las celdas (de las antenas celulares) abrían entre Las Mercedes y el CCCT, por eso se activó la comisión especial de búsqueda y captura”, declaró una fuente.

El “Coko” Sosa no estaba estático. Se movió por varios puntos de la zona y por eso su captura tardó más horas de lo esperado. Los funcionarios de la Dgcim no usan uniformes y tampoco distintivos que permitan su identificación, y así, de paisanos, recorrieron de arriba abajo la urbanización hasta que lo avistaron saliendo de un centro médico al que había acudido por “altos niveles de estrés”. Tenía cita pautada. Estaba en compañía de su mejor amiga y otra mujer. Los tres escoltas lo esperaban en la camioneta. Cuando los funcionarios los abordaron, ninguno se opuso al procedimiento. Los escoltas no desenfundaron. Las mujeres hicieron silencio y vieron cómo a Manuel Sosa lo apresaron personas vestidas de civil, aunque portando chapas, y se lo llevaron en un vehículo identificado como un taxi.

Otras personas en el lugar atestiguaron el momento y creyeron que se trataba de un secuestro.

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La persecución

Cuando el taxi arrancó, los escoltas comenzaron a seguirlo para no perder a su jefe. Los funcionarios, no obstante, no lo permitieron: en plena autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Carlota, detuvieron la marcha y ordenaron parar la camioneta blanca. La orden fue desistir de esa persecución, y la acción fue desarmar a los guardaespaldas. “Les quitaron las tres armas calibre 9 mm que portaban”, dicen informantes policiales. No los detuvieron pues “la orden emanada era liberarlos a ellos y presentar al actor”.

Cuando la comisión llegó con Manuel Sosa a la sede de la Dgcim en Boleíta, el protagonista de Mi prima ciela fue sentado en una oficina e informado del procedimiento con detalles. “Él siempre estuvo claro de que lo iban a capturar, porque días atrás le habían advertido sobre la medida, pero dijo que no tenía nada que esconder y que no sabía de qué lo acusaban”, revela una persona allegada a la investigación.

Pero los expedientes son muy claros. No solamente Luisa Ortega Díaz dejó armado el caso en su contra por corrupción en el negocio petrolero sino que el 21 de julio de 2017 se le abrió una nueva causa por tráfico de drogas. Ese caso partió de una “situación irregular” ocurrida en la Marina Américo Vespucio de Lechería, estado Anzoátegui, a raíz de la cual también fue citado para presentarse el 27 de julio en tribunales de la región. Tampoco lo hizo.

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Lo llevan en la sangre

Manuel “Coko” Sosa no es el único de su clan familiar en malos pasos. Según las autoridades, su hermano menor, Luis Fernando Sosa (Luisfer), protagoniza más delitos. Hace dos semanas, el joven fue detenido en Tucacas, estado Falcón, en compañía de unos sujetos que acarreaban varios fusiles AR-15. “Fue capturado y luego liberado”, denuncian fuentes policiales, a pesar de que el porte de armas de guerra en lugares públicos, turísticos y sometiendo a terceros es ilegal y penado duramente. Los testigos de la investigación creen que la liberación “costó mucho dinero”.

Pero en derecho penal las responsabilidades son personalísimas. Nada de eso pudiera salpicarle al histrión de Calle Luna, Calle Sol. Pero los investigadores sospechan que Luisfer “es quien maneja el dinero, el que consigue los escoltas, el que mueve muchas piezas”.  El menor de los Sosa permanece libre. Su paradero es desconocido, por ahora.

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Es el “Coko” quien salió “fregado”. Las fuentes policiales aseguran que “estará preso por mucho tiempo” pues habría caído en desgracia con algún poderoso “que no le perdonó sus pecados”. El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, oficializó la detención el mismo miércoles 4, cuando cifró en más de dos millones de dólares el desfalco por el que se acusa al figurante, que será presentado a tribunales por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.

El viernes 6 de octubre, Saab detalló que el histrión fue presentado ante el Tribunal 22 de Control de Caracasy el lunes 9 del mismo mes será imputado formalmente por contratos irregulares en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que ascienden a los 27 millones de dólares. Además de Sosa, hay ocho gerentes de la empresa mixta Petropiar (de la que Pdvsa tiene mayoría accionaria) vinculados con el caso. Todos “están siendo investigados, ya hay varios identificados”, apuntó el funcionario en referencia a estos hechos de corrupción, que aseguró, ocurrieron entre los años 2015 y 2017.

En el camino, queda pendiente la investigación sobre otros supuestos negocios turbios del actor en Anzoátegui, tierra que gobernó el propio Saab hasta 2012, y los chismes de la política que buscarán salpicaduras que toquen a su exnovia María Gabriela Chávez, o a su medio hermano Roberto Leiba, actual pareja de la hija del expresidente “bolivariano”.

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