Gobierno español y Cs no negociarán una reforma constitucional para pactar con la Generalitat

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el Jefe del gibierno español Mariano Rajoy y Rivera rechazan la propuesta de Sánchez por «inoportuna» en un momento crítico como el actual

El Gobierno no necesitó responder la propuesta de reforma constitucional que lanzó Pedro Sánchez el pasado viernes para contentar a los independentistas catalanes. Lo hizo el propio Carles Puigdemont, quien ese mismo día ejecutó una purga en su Ejecutivo autonómico para fulminar a los «tibios» ante el referéndum ilegal. «Con eso está dicho todo, no es el momento de abrir reformas que nos dividen, sino de mostrar unidad frente al desafío independentista», advirtieron en La Moncloa.

Mariano Rajoy se ha propuesto evitar el ataque y la respuesta ácida contra el líder socialista. A veces, como reconocen en su equipo, lo tiene difícil, pero es un ejercicio de voluntad. El presidente considera que ahora mismo, cuando el secesionismo entra en horas críticas, el Gobierno y los partidos constitucionalistas tienen que formar una piña para impedir el asalto al Estado de Derecho. «Hacemos acopio de paciencia y de unidad», afirmó el ministro y portavoz, Íñigo Mëndez de Vigo, después de hacerse pública la propuesta de Sánchez para Cataluña y la purga de Puigdemont.

En Ciudadanos rechazan abrir el debate antes del 1 de octubre para hacer cesiones en un intento por frenar el referéndum

Hablar de reforma constitucional justo ahora es, según La Moncloa, altamente inoportuno. El PP no llevó la reforma de la Constitución en su programa electoral. El presidente Rajoy cree que no se cumplen los tres elementos básicos para abrir ese melón: tener claro el objetivo, que haya un acuerdo similar al de 1978 y que se produzca en un momento oportuno. Abrir una reforma sin estar acotada y sin saber a dónde se quiere llegar sería imprudente y arriesgado, según advierten en La Moncloa. Y abrirla sin que haya un consenso no serviría para nada, solo para recrudecer el enfrentamiento político y la división social. El Gobierno cree que ahora, además, «no es el momento». «Toca estar unidos y frenar a los que quieren romper la unidad de España y la soberanía nacional», advierten fuentes del Ejecutivo.

En Ciudadanos comparten el diagnóstico. La formación de Albert Riverahace bandera del reformismo, y los cambios en la Carta Magna siguen formando parte de su agenda política. Pero rechazan que este debate se aborde a las puertas del 1 de octubre y concentrando la cuestión en el debate territorial. El número dos del partido, José Manuel Villegas, señalaba ayer que su partido no va a permitir «que se reforme la Constitución para favorecer a los que quieren romper este país».

Tras el 1 de octubre

Rechazan, además, que a estas alturas deba propiciarse un marco de diálogo con la Generalitat. «Con Puigdemont no hay nada que negociar», aseguran desde Ciudadanos. Su apuesta es clara: deben convocarse elecciones autonómicas en Cataluña. Intentarán mantenerse por delante de PP y PSC para, tras un previsible descalabro del PDECat, poder articular una mayoría alternativa. Y en caso de no lograrlo confían en un escenario de falta de unidad entre los independentistas que ponga fin al proceso.

Pero ese «mal momento» podría acabar el 1 de octubre, con el fracaso de los secesionistas. «Entonces ya se verá…», dicen en La Moncloa, con lo que dejan la puerta abierta. No es nada extraño, ya que Rajoy habló a finales del año pasado con Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, de la necesidad de fijar un «perímetro» de la reforma, para que no fuese un proceso constituyente, pero en absoluto dio un portazo definitivo. En el PP el asunto no se ve con malos ojos si hay un consenso previo. Ese es el marco en el que aceptaron introducir esta cuestión en el pacto de investidura con Ciudadanos. Los de Rivera defienden más que abrir una subcomisión una mesa de partidos previa con juristas que establezca unos consensos previos.

Rajoy no rechaza la reforma, pero quiere abrir el debate de forma pausada y para generar consensos

Pero lo cierto es que en prácticamente ningún campo hay un consenso que pueda agrupar a los cuatro grandes partidos. Ciudadanos confía en lograr ese espacio en las cuestiones de regeneración, como la limitación de mandatos para el presidente del Gobierno y la supresión de aforamientos. El PSOE se ha comprometido a ello y el PP lo acordó con Ciudadanos. Podemos no se opondría, pero demanda un referéndum para cualquier cambio constitucional, aunque estas modificaciones son en artículos que no lo precisan y la formación de Rivera entiende que son cuestiones que generan consenso social. El Gobierno teme ese «uso partidista» que los de Pablo Iglesias pueden hacer del referéndum. Tampoco se niega el PP a hablar de reforma electoral. Ya hay una subcomisión en marcha en el Congreso y se trataría de trasladar en esa reforma aquellos cambios que excedan de la ley orgánica. Como por ejemplo el tamaño de las circunscripciones.

El presidente Rajoy ya se mostró dispuesto, antes de las elecciones, a apoyar la creación de una subcomisión en el Congreso que empiece a estudiar ese «perímetro» de consenso. Pero PP y Cs entienden que en el modelo territorial no hay ese consenso. Ambos rechazan de plano tocar el artículo 2 de la Constitución. El concepto «plurinacional» que ha introducido Sánchez no entra en los esquemas ni del PP ni de Ciudadanos.

Los populares sí verían bien profundizar en el Estado de las Autonomías, para delimitar bien las competencias. Son posibles asuntos a los que el Gobierno del PP no se niega a hablar… Pero no ahora. Al principio de legislatura, desde el Gobierno se advirtió que la Declaración de Granada del PSOE, más allá del concepto «federal» que no comparten en absoluto, contiene puntos interesantes para discutir y buscar un consenso en el futuro.

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