Víctimas de discriminación son estigmatizadas

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Román Duque indicó ante la Corte Interamericana que los derechos políticos no pueden restringirse en la administración pública

Durante la audiencia pública que se celebró ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció los testimonios de las víctimas, los expertos y declarantes en el caso San Miguel Sosa y Otros versus Venezuela. Se trata del primer caso de discriminación política del país que llegó a la instancia y afectó de forma directa a Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magaly Chang, despedidas en 2004 del Consejo Nacional de Fronteras debido a que fueron registradas en la lista Tascón por solicitar el revocatorio contra Hugo Chávez.

“El problema de la discriminación política en Venezuela es que también eres estigmatizado. Ni siquiera todas las víctimas fuimos escuchadas en el juicio constitucional, no pudimos expresarnos”, denunció Rocío San Miguel. Dijo que el representante del Estado mintió al asegurar que su caso fue dirimido en el país y al señalar que les cancelaron las prestaciones sociales.

El ex magistrado Román Duque Corredor, perito de las víctimas, enfatizó que los derechos políticos y el secreto al voto no pueden restringirse en el caso de los funcionarios de la administración pública. Sobre el registro y la difusión de la lista Tascón, afirmó: “La recopilación de los datos de un firmante está protegida por el derecho a la intimidad”.

Añadió que cualquier ciudadano tiene derecho de optar a cargos dentro de la administración pública, si cuenta con las aptitudes para ejercerlos.

El perito del Estado, César Tillero Montiel, indicó ante la Corte Interamericana que la estabilidad de los trabajadores se define por su cualidad o la calificación. “Los contratados no ejercen servicio público”, indicó. Añadió que no son amparados por inamovilidad laboral. Señaló que después de varios contratos un funcionario contratado se rige por los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo.

Tillero admitió que desconoce detalles sobre el número de trabajadores actuales del Consejo Nacional de Fronteras.

El juez Eduardo Vio Grossi pidió a Tillero Montiel precisar las diferencias entre un funcionario y un trabajador privado.  Dijo que Tillero desconoce el porcentaje de los funcionarios de carrera y los contratados por el Estado. Recordó al perito del Estado que la Corte Interamericana evalúa según el derecho internacional.

La Corte Interamericana enfatizó que los contratados por el Estado están bajo relación laboral y estos vínculos se rigen por el  principio de igualdad. “Cuando no hay igualdad de derecho hay igualdad de hecho”, afirmó el juez Vio Grossi.

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