Las 5 razones por las cuales la Fiscal se opone a la “constituyente ciudadana”; por José I. Hernández

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El pasado 17 de mayo de 2017, la Fiscal General de la República remitió una comunicación al Ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, en la que enumera las razones por las cuales se opone a la convocatoria de la “asamblea nacional constituyente ciudadana”.

De esa carta pueden extraerse cinco argumentos en contra de la “constituyente ciudadana”:

La primera razón parte de una comparación con el proceso constituyente de 1999. Tal proceso, como bien recuerda la Fiscal, inició con la consulta al pueblo venezolano para que éste decidiera, mediante referendo, si quería o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Aun cuando la constituyente de 1999 estuvo rodeada de diversas opiniones encontradas, al menos en este punto hubo unanimidad: como la soberanía reside en el pueblo, solo éste puede decidir si convoca o no una constituyente.

La segunda razón apunta al método de elección de los constituyentes, que la Fiscal califica como una elección sectorial o corporativa. La palabra “corporativa” se emplea para aludir la designación de ciertos cargos a través de corporaciones o gremios, que es precisamente lo que se pretende hacer con esta constituyente, negando así el derecho al sufragio libre, secreto, directo y universal.

Así, como expliqué en Prodavinci, la propuesta del Gobierno consiste en que al menos la mitad de los constituyentes sean electos solo dentro de ciertos sectores previamente definidos por el propio Gobierno. Esto es lo opuesto al voto universal, que en pocas palabras, implica “un elector un voto”.

La tercera razón por la cual la Fiscal se opone a la “constituyente ciudadana”, es por cuanto la actual crisis venezolana –que la Fiscal califica como una crisis “sin precedentes– no requiere sancionar una nueva Constitución.

En este punto ha habido contradicción por parte del Gobierno. Así, se ha pretendido hacer ver que la constituyente no sustituirá la Constitución de 1999. Esto contradice el artículo 347, conforme al cual, la Asamblea Nacional Constituyente permite dictar una nueva Constitución. Pero además, esto permite afirmar que para el Gobierno, la “constituyente ciudadana” es simplemente un medio para alcanzar objetivos fuera de la Constitución, todo lo cual conforma un claro fraude constitucional.

En cualquier caso, como bien señala la Fiscal, la actual crisis venezolana no es causada por la Constitución de 1999 sino por el sistemático desconocimiento de esa Constitución, en lo que la propia Fiscal calificó como una ruptura del orden constitucional.

La cuarta razón expuesta por la Fiscal, es que esta “constituyente ciudadana” amenaza con desconocer los estándares de protección a derechos humanos reconocidos en la Constitución de 1999.

La Constitución de 1999 puede ser criticada. Pero no puede negarse que en esa Constitución se consolidaron conquistas importantes en materia de derechos humanos y democracia constitucional. Al tratarse de una “constituyente” fraudulentamente convocada, con propósitos distintos a los que orientan el ejercicio del poder constituyente, existe por lo tanto el riesgo de que la nueva Constitución desconozca tales conquistas: por ejemplo, reduciendo –o eliminando– el derecho al sufragio, para imponer un sistema corporativo de elección de cargos públicos.

La quinta y última razón, que resume todas las anteriores, es que la “constituyente ciudadana”, lejos de solucionar la actual crisis, amenaza seriamente con agravarla. Pues una “constituyente” impuesta por la vía de la coacción y la represión, negando toda consulta abierta al pueblo, solo incrementará la conflictividad en Venezuela.

Se trata, como puede verse, de razones que apuntan, en definitiva, a la ausencia de criterios constitucionales y racionales que justifican, en estos momentos, la “constituyente ciudadana” propuesta por el Gobierno. Razones que además han sido expuestas por el titular de uno de los órganos más importantes del Estado, quien le correspondería incluso ejercer acciones o investigaciones relacionadas con esta fraudulenta constituyente (en el supuesto en que ésta siga adelante).

Esta carta me permite recordar lo que hace algún tiempo escribí aquí en Prodavinci: la mejor reforma constitucional que Venezuela necesita es hacer cumplir la Constitución.

prodavinci.com

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