¿Qué significa que la Corte Penal Internacional examine un caso de Venezuela?

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¿Qué significa que la Corte Penal Internacional examine un caso de Venezuela?
¿Qué significa que la Corte Penal Internacional examine un caso de Venezuela?

Por primera vez la Corte Penal Internacional fija sus ojos en Venezuela. El organismo anunció que abrirá un examen preliminar por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que se desarrollaron entre los meses de abril y julio de 2017 en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Aunque un examen preliminar no significa una investigación, es un proceso en el cual se indaga si existe un fundamento de peso para proceder a la investigación. A juicio de Carlos Nieto Palma, abogado especialista en Derechos Humanos, la decisión de la CPI de centrar su atención en Venezuela es un gran paso que podría dar buenos resultados a largo plazo.

El comunicado de la fiscalía de la Corte Penal Internacional emitido el pasado 8 de febrero, precisó que no hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de un examen preliminar y en esto Nieto Palma se mostró poco optimista al recordar que casos como la Masacre de El Amparo, ocurrido en 1988, y el de Linda Loaiza, en el 2001, llevan mucho tiempo estudiándose y aún no han sido resueltos. “Hay que tomar en cuenta que no es un proceso sencillo, pero aún así es un buen indicio”, aseguró el abogado.

Márquez resaltó la importancia del anuncio del examen preliminar porque desde hace más de 11 años en Venezuela no se somete a ninguna evaluación. “Luis Moreno Ocampo, ex fiscal ante la Corte Penal Internacional, había cerrado las investigaciones contra Hugo Chávez Frías y la actual fiscal Fatou Bensouda, no ha actuado en relación a esos casos”, aseguró el defensor y ex diputado.

Al referirse al presidente Nicolás Maduro fue muy enfático: “La comunidad internacional debe estar vigilante para que este examen preliminar concluya en la solicitud de enjuiciamiento contra Maduro ante el Tribunal de Cuestiones Preliminares de la CPI en La Haya”. Un jefe de estado y de gobierno carece de inmunidad y privilegios procesales por delitos de lesa humanidad, concluyó Márquez.

El defensor de los derechos humanos Walter Márquez indicó que hay más de 20 denuncias sobre abusos, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro que deben ser acumuladas y no deben dejarse a un lado.

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