Las nuevas (malas) mañas de la policía y la guardia

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El uniforme ya no es sinónimo de confianza en Venezuela. Tampoco la placa ni el arma numerada. Robos, asesinatos, allanamientos ilegales son algunas de las conductas de funcionarios de la Policía y la Guardia Nacional que los desmitifican, en especial durante las manifestaciones de este año. La calle fría revela que sus andanzas quedaron impunes 

Orlando Pérez lleva casi un mes sin trabajo, ni justicia. El hombre de 56 años anda como “mono en rama” y explica por qué: “Lo que salga lo hago”. No tiene posibilidades de mantener por completo y como quisiera a sus 3 hijos y sus 2 nietos adolescentes. Veintitrés días han pasado desde que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le robaron su motocicleta y la quemaron en Altamira, Caracas, el 30 de julio. “Es tremendo. No crea que la cosa no está dura. Ellos no tenían porqué hacer eso”, se lamenta.

Solo alcanzó a decir que trabajaba con prensa antes de ver cómo su moto se perdía en la distancia. Cerca de las 2 de la tarde esperaba en la avenida San Juan Bosco a que el periodista que transportaba cubriera los hechos que se desenvolvían dos cuadras más allá, en la plaza Francia. Momentos antes se había escuchado una detonación fuerte: una bomba casera explotó en la avenida Francisco de Miranda y dejó a varios policías lesionados. “Yo creo que en represalia comenzaron a reprimir y llegaron hasta donde estábamos nosotros. Eso fue una estampida. Salieron a arremeter al que era y al que no era”, recuerda Pérez.

Junto a él, otros motorizados esperaban por sus respectivos pasajeros, todos periodistas. Una turba uniformada se abalanzó contra ellos. Pérez no pudo distinguir cuántos funcionarios eran. Solo recuerda gritar su inocencia, que callaron a punta de cascazos. La sangre le corrió por las sienes. “Se ensañó con todo. Yo hasta vi la mano que venía de atrás pa’ pegarme”. Pérez aprovechó su baja estatura y evadió un golpe directo a la frente. “Le digo, si me daba, me mataba”, narra.

Zafarse le permitió presenciar cómo uno de los policías se llevaba su motocicleta, esa con la que recorrió Caracas por años. Se alejaba, al igual que otras seis motos más, que luego los uniformados reunieron para prenderles en fuego. Con las llamas, el hombre perdió su estabilidad laboral y su capacidad para ser sostén de hogar. Es un doliente más de los desmanes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Una cifra más de la delincuencia, sin esperanzas de indemnización. Ahora espera que el medio de comunicación en el que trabaja el periodista que lo contrató pueda costear nuevas dos ruedas. Pero la expectativa se pierde con el paso de los días.

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Sin diálogo

La autoridad se apropia de lo ajeno sin dar explicaciones. Los dueños de las motocicletas robadas en la autopista Francisco Fajardo no pudieron increpar a los perpetradores militares que el canal VivoPlay captó el 5 de junio en clara flagrancia, por ejemplo. Los pelotones también han ingresado en establecimientos a desvalijar mercancía, como sucedió en Capitolio, en el centro de Caracas, el 27 de julio durante el paro cívico  convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Llegaron como 100 policías de inteligencia encapuchados, pidiendo cédula, lanzaron a todo el mundo al piso boca abajo y nos quitaron los teléfonos. Luego comenzaron a llevarse la mercancía, la metieron en bolsas negras y la montaron en carros particulares”, denunció un comerciante a TalCual.

En 2017 hubo robos de todos los calibres, sin mediar palabra y con un alto grado de intimidación. Grabaciones y denuncias lo constatan, como cuando un grupo de policías nacionales les vaciaron la cartera a dos mujeres que había acudido a la marcha del 6 de junio. El video incluso muestra cómo uno de los hombres le quita el reloj de la muñeca a una de las víctimas. O cuando a un joven vendedor informal no le preguntaron precios y tan solo escuchó el grito de un guardia a viva voz: “agarre todo el mundo agua gratis”. Ese 5 de junio tenía más de 40 cajas llenas de botellas de agua y chucherías. Todo se lo arrebataron.

Fue evidente cómo las fuerzas estatales y regionales desviaron su camino de la institucionalidad. El abogado criminalista Fermín Marmol García apunta que las instituciones son las primeras que deberían dar el ejemplo de respeto a la ley, pero “cuando modelan conducta de irrespeto llamamos a la irracionalidad y el primitivismo. En las protestas fue notorio ver funcionarios de orden público lesionando, robando bienes, sin que haya respuesta del Estado, se alimenta la impunidad, y se perdió su sendero de progreso hace tiempo”. Los PNB que fueron captados robando fueron identificados y serían presentados al Ministerio Público para ser sancionados, pues según el ministro de Interior, Néstor Reverol, tenían “responsabilidad penal y administrativa” que afrontar. “Estos hechos irregulares constituyen acciones individuales y unilaterales que no representan el sentir y la actuación d este cuerpo nacional”, añadió el titular del MIJ. Pero no hubo castigo para esos funcionarios. Tampoco se revelaron sus identidades.

Los más de cuatro meses de protestas en Venezuela visibilizaron las conductas delictivas de los cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las policías regionales hicieron uso exacerbado de su fuerza contra los manifestantes a lo largo y ancho del país. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo denunció como un maltrato cometido “de forma sistemática y generalizado”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar en agosto en el que responsabilizaba directamente a la GNB, PNB y funcionarios de policías locales por los desmanes cometidos.

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Las alertas internacionales se prendieron desde finales de abril, cuando la calle estaba caliente y los ánimos caldeados. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos ya había pedido al gobierno venezolano aceptar la solicitud de visita al país para constar los hechos violentos que se gestaban progresivamente. Entre abril y julio se generó un saldo de 152 muertes extraoficiales con un variopinto abanico de victimarios: 20 funcionarios de la guardia, 11 policías regionales y 4 PNB dejaron a un lado la ley para reprimir al punto de asesinar. Solo existen 15 imputados del total de muertes. El resto está acusado (11), solicitado (5), uno muerto y 120 perpetradores con estatus desconocido.

Robados y allanados

Las protestas de 2017 no fueron el único escenario para el despliegue de malas conductas policiales y militares. Los trancazos y paros cívicos no estuvieron exentos de irregularidades. Victoria Guevara, de 22 años, se encontraba en la urbanización Terrazas del Ávila, al este de la ciudad, con la Unidad de Primeros Auxilios de la Universidad Metropolitana, conocida como UPA-Naranja cuando los perdigones arreciaron como granizo contra ellos. Eran cerca de las 6 de la tarde del 4 de julio. Ya la ciudadanía había destrancado sus calles. Guevara estaba allí como coordinadora de la agrupación universitaria. Su voz de mando llamó al equipo de 15 personas a mantenerse agachados con las manos al aire ante la llegada violenta de la Guardia Nacional, justo cuando se retiraban del sitio y se dirigían a su casa de estudios. Pasaron dos ballenas frente a ellos y unos ocho militares los miraron con desdén.

“¡Somos Primeros Auxilios!”, gritó la joven. La aclaratoria no bastó para el superior de la unidad que ordenó una inspección, incluyendo un tanteo físico a todos los presentes. No había guardias mujeres. “Básicamente nos manosearon”, relata Guevara, y continúa: “La instrucción era revisar, pero lo que hicieron fue robar”. Les despojaron seis celulares, cuatro máscaras antigases, tres torniquetes y algunas cremas, que metieron en un bolso, también hurtado, mientras les gritaban insultos como “cruces de mierda” y “guarimberos terroristas”.

Además, destruyeron en su cara las donaciones nacionales e internacionales con las que curaban a los heridos. “Se perdieron agentes hemostáticos y compresivas. Nuestras cremas antibióticas, que tenemos por donaciones, las pisaban. Los paquetes de gasas los abrían y tiraban al suelo”. Victoria sintió que esos 20 minutos eran una eternidad, con pérdidas irreparables. “Muchas cosas venían de afuera, y son cada vez más complicadas de traer, aunque de algunas sí teníamos repuesto. Tuvimos que hacer potazo para reponer las máscaras que nos robaron y dos nos las regalaron, menos mal”. La indignación aún se cuela en su hablar rápido.

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“Allanamientos” sin orden judicial a urbanizaciones ocurrieron en diversas zonas de Caracas como El Paraíso, El Valle y La Candelaria, dejando daños materiales en muchas ocasiones irreparables, sin responsables visibles que pagaran por las violaciones a la propiedad privada. Más leña para el fuego. También, como en Caricuao, La California y La Urbina, quedaron portones derribados por tanquetas. Lo mismo ocurrió en urbanizaciones de Cabudare y Barquisimeto. Se prometieron castigos, se anunciaron detenciones y culpables, pero se impuso la impunidad.

De acuerdo con el criminólogo Luis Izquiel, la desviación de conducta en cuerpos policiales es un fenómeno venezolano que se acentuó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es una situación que Tareck El Aissami reconoció cuando estaba a la cabeza del despacho de Interior y Justicia. “Del total de delitos registrados nacionalmente, entre 15 y 20 son cometidos por funcionarios policiales, sobre todo los delitos que comportan más violencia, como son los homicidios y secuestros”, declaró en 2009. Cifras como aquella son invisibles en la actualidad. No hay organismo público que especifique cuántos ni cuáles crímenes comenten los funcionarios de seguridad del país al año. De acuerdo con los cálculos de Mármol García, 80% de los venezolanos no denuncian los delitos de extorsión y secuestro por la falta de confianza en los entes competentes. “Mucho menos lo harán si los comete un uniformado”, advierte. El profesor de la Universidad Santa María (USM) esclarece que el policía que se desapega de la ley “es más tendente al abuso físico, donde los delitos son contra personas”. cita-robo-1Papeles, ciudadano

Los puntos de control vial de cualquier policía son percibidos más como caldo de “matraqueos” que como legados de tranquilidad. Igual sucede con las policías estatales y municipales. El criminalista Izquiel atribuye estas conductas al salario “de hambre” que ganan los funcionarios policiales. “No pueden cubrir canasta con su sueldo y es muy difícil atraer personal idóneo, aunado a que los funcionarios bien preparados han abandonado sus cargos por esta misma razón”, aclara. A su vez, señala que los mecanismos de depuración de los cuerpos policiales no son eficientes.

Los instalados por la Guardia Nacional son peores. De reciente data, sirven como escenario de violaciones, como la revisión de celulares personales, escrutinio de vehículos –sin orden judicial, como manda la ley– y “cacheos” que llegan a lo más íntimo de las personas convertidas en víctimas. Aún causan sorpresa, y denuncias, en los afectados. “El matraqueo” verde oliva se va naturalizando. “El control de la sociedad por parte de los militares va avanzando cada día más. Las alcabalas son un episodio más”, lamenta Izquiel.

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Luego de la muerte de los hermanos Faddoul, secuestrados en 2006, el Ministerio de Interior y Justicia emitió una resolución aún vigente en la que especificaba las características que deben tener estos puntos de control callejeros: presencia de un cartel móvil con el logotipo de identificación del órgano o cuerpo de seguridad actuante que prevenga a la ciudadanía de la existencia de una próxima alcabala y la previa y plena identificación, con respectivas insignias y cascos numerados, por ejemplo. “Es letra muerta”, condena Izquiel.

 

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