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Abogados del capitán Acosta se reunieron con delegados de Bachelet

1 julio, 2019
Abogados del capitán Acosta se reunieron con delegados de Bachelet

Ana Acosta, miembro de la Coalición por los DD HH y la Democracia, afirmó que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU “está muy pendiente del caso” y trabaja “dentro de lo que le permite el tema protocolar, para llegar al fondo de la verdad”

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien presentó evidentes signos de torturas durante su presentación ante el Tribunal Militar III de Control, debe encender las alarmas en la comunidad internacional, sobre todo, en la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirman activistas de los derechos humanos.

La detención de Acosta Arévalo, que se llevó a cabo sin una orden de aprehensión emanada de un tribunal, la realizó la Dirección de Contrainteligencia Militar, junto con otros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 21 de junio, por estar presuntamente involucrado en un movimiento subversivo con planes de magnicidio. Sus familiares y abogados no tuvieron información sobre su estado de salud ni pudieron verlo hasta el día 28 de junio, cuando fue presentado en una silla de ruedas a la audiencia preliminar.

“Fue una detención arbitraria basada en unas declaraciones de funcionarios del régimen. Ellos, desde los medios de comunicación, acusan y condenan a muerte a personas inocentes”, señaló Ana Leonor Acosta, abogada y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ONG que lleva el caso del capitán.

La abogada describió la condición en la que se encontraba el capitán en el momento de su comparecencia ante la Corte Marcial: “No podía pararse, no podía caminar, no coordinaba motoramente, tenía rastros de sangre alrededor de la boca, en las uñas y en los brazos. Tenía los ojos desorbitados y dificultades para hablar, cuando su estado de salud era óptimo y las propias actas en el expediente señalan que caminaba al momento de la detención”.

Afirmó que desde la ONG se han reunido con los dos delegados de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quienes “están muy pendiente del caso” y están trabajando, “dentro de lo que les permite el tema protocolar y la Cancillería, para llegar al fondo de la verdad” en este caso, que ha sido precalificado por la Fiscal 53° del Ministerio Público como un homicidio preterintencional.

“Lo primero era la declaración de la alta comisionada, Michelle Bachelet, que decía que lamentaba que solo se hubiese precisado a dos funcionarios por homicidio y que se deje por fuera el tema de las torturas. Además, pidió una investigación más exhaustiva, transparente, imparcial y autónoma”, indicó.

Como responsables materiales del caso fueron detenidos el sargento segundo Estiben José Zárate Soto y el teniente Ascanio Antonio Taracio Mejías, ambos de la GNB y adscritos a la Dgcim.

Hasta el lunes a las 5:25 pm, los abogados que llevan el caso de Acosta Arévalo no han tenido ninguna información sobre su cadáver ni han sido contactados para el protocolo de autopsia.

Este hecho no es un simple homicidio; es una violación sistemática de derechos humanos. Se debe llegar a las personas que ordenan este tipo de actuaciones que van en contra de la dignidad humana y que son permitidas por altos funcionarios de la FANB, del gobierno, jueces y fiscales”, precisó la jurista.

Indicó que no se debe permitir impunidad en el caso, como ocurrió con el concejal Fernando Albán, que falleció en extrañas circunstancias cuando se encontraba detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional: “Se debe investigar hasta el final para que no haya impunidad con respecto a la tortura, al sufrimiento tanto del capitán como de muchos ciudadanos que han pasado por esta situación”.

Presos políticos y torturas

Acosta Arévalo no es el primer preso político que muere al encontrarse bajo custodia del gobierno de Maduro: el 13 de marzo de 2015 falleció Rodolfo González, piloto de la aviación civil venezolana, luego de ahorcarse presuntamente en la celda en El Helicoide; el 17 de septiembre de 2017, Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado Apure, falleció luego de sufrir un ACV.

El antepenúltimo caso es el del concejal de Caracas y miembro de Primero Justicia, Fernando Albán, que murió en extraña circunstancias el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede de Plaza Venezuela. La versión oficial dice que se trata de un suicidio.

Los casos de torturas han ido creciendo. En 2018 la Dgcim fue el organismo que más torturó, con 75% de las denuncias registradas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.

“Es bien conocido por todos que tanto la Dgcim como el Sebin son centros de torturas en Venezuela”, recordó Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional.

Afirmó que la “satrapía que pretende lavarse las manos con este hecho tan grave” responsabilizando solo a dos militares, “cuando la realidad es que este es un asunto consuetudinario”.

Rafael Narváez, abogado y defensor de los derechos humanos, aseguró que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo son los responsables de la muerte del capitán, “por tratos crueles e inhumanos, y torturas ejecutados por funcionarios de la Dgcim”.

“El fiscal general provisorio está bien informado de todo lo que ocurre con los presos políticos. Ha olvidado que el artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y ninguna ley puede establecer la pena de muerte. Tampoco recuerda que la instancia que dirige es el garante de la legalidad y del debido proceso, guardián de los juicios justos y protector de los derechos humanos”, señaló.

Los activistas de derechos humanos solicitaron la aplicación del Protocolo de Minessota y del Protocolo de Estambul, mecanismos aplicables en casos de torturas y asesinatos a manos del Estado.  

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