Arrecia la cacería política contra dos sacerdotes con el mazo de la Ley del Odio

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Arrecia la cacería política contra dos sacerdotes con el mazo de la Ley del Odio

Les bastó a Tulio Luis Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, y a Miguel Acevedo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, manifestar en público su desacuerdo contra el régimen madurista para que cayeran en las fauces de la vorágine: este lunes fueron citados por el Ministerio de Interior y Justicia, acusados por “instigación al odio”. El pecado que pretenden endilgarles la inquisición de Maduro tiene una base única: ambos apoyaron la condena de la Conferencia Episcopal al atropellado y abusivo llamado a elecciones presidenciales, publica Correo del Caroní.

 
@marcosdavidv

La censura funcionó y aplacó la gravedad y el impacto de lo que ocurrió. Fue la organización no gubernamental Espacio Público la que, a través de su cuenta de Twitter, denunció lo que ocurre: la dictadura arrecia la represión contra toda forma de disidencia.

El dislate más reciente tiene forma de señalamientos judiciales. Una contra Tulio Luis Ramírez, obispo auxiliar de Caracas. Otra contra Miguel Acevedo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria.

Las acusaciones en sí son de las favoritas de estos días por parte del régimen, muy al estilo Pérez Jiménez, además: a los dos religiosos los señalan por incitar al odio.

A ambos los citaron en plan de inyección del miedo. Los convocó el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones, Justicia y Paz (Mpprijp). Con Acevedo, por ejemplo, se enfrascó el régimen a raíz de que apoyó la condena de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a la fraudulenta convocatoria a elecciones presidenciales durante una misa a comienzos de febrero.

Una simpatizante del chavismo se le acercó, en pleno altar, y lo insultó con una frase usual: perro derechista. Desde entonces quedó marcado como si, más que cruz de cenizas, le hubiese caído encima un cenicero. Hasta este lunes, cuando fue citado.

Contra sotana y contra lo que venga

Régimen dictatorial al fin, el de Nicolás Maduro ha de emprenderla contra todo aquel o todo aquello, es decir, persona o institución, que le replique o ventile sus tropelías.

No por nada la mira apunta a la Iglesia Católica: el fin de semana, la CEV emitió un comunicado para nada acorde con las genuflexiones que espera la dictadura. En el documento, menos congraciado con teologías y más afín con la liberación, los obispos sentencian: “Estamos contra el régimen totalitario que se está imponiendo en Venezuela”.

Líneas más abajo, apunta: “Los obispos venezolanos estamos con el pueblo. Es el verdadero interés de la acción del episcopado. Así lo hemos podido demostrar en muchas ocasiones. También hemos sido claros al decir que estamos en contra del régimen totalitario que se quiere seguir imponiendo en Venezuela”. La frase tiene el sello verbal de Mario Moronta, miembro de la CEV.

En enero, la misma institución, en un comunicado conjunto, ya alertaba que la Ley contra el Odio fue “concebida para aplicarla y criminalizar a todo aquel que le cause malestar al gobierno y sus postulados”. Proféticos: hoy, a dos de sus sacerdotes se les aplica para criminalizarlos.

Ilegal y persecutoria

Prometida por la dictadura como la estrategia de fundación de un nuevo proyecto constitucional, desde su origen ilegal el 30 de julio de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente solo ha debatido una propuesta legislativa: la Ley contra el Odio.

En septiembre, durante su auge, hubo no pocas voces que alertaron sobre su doble rasero. Por ejemplo, la directora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Marianela Balbi.

“La llamada ley contra el odio es solo la forma más acabada de la guerra mediática librada por el gobierno chavista contra los medios y los ciudadanos. En los últimos 18 años, el régimen establecido por Hugo Chávez ha alimentado la división, la intolerancia, la violencia y la criminalización de cualquier opinión crítica y disidente. Establecer una normativa sobre el odio deja claro que el objetivo del gobierno es silenciar a través del miedo a quienes deseen ejercer su derecho a la libre expresión de sus opiniones y pensamientos”, explicó en aquel momento.

Hoy, las consecuencias no son una simple alerta: ya existen. Lo de los religiosos puede ser apenas el principio. Y la enésima confirmación de que Venezuela vive bajo el puño de una dictadura.

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