Cinco días de tensos debates sobre el controvertido acuerdo de Brexit de la primera ministra

Después de que el ejecutivo aplazase en diciembre la sesión de ratificación para evitar una estrepitosa derrota, los diputados, que deben tomar una de las decisiones más importantes para el país en el último medio siglo, votarán el 15 de enero sobre las condiciones de salida negociadas con Bruselas.

Hasta entonces, los ministros de May se esforzarán por calmar las preocupaciones de quienes se oponen al texto: los euroescépticos denuncian que hace concesiones inaceptables a la Unión Europea mientras los proeuropeos ven peores condiciones a las que tiene actualmente el país como miembro del bloque.

El ministro para el Brexit, el euroescéptico Stephen Barclay, abrió los debates el miércoles.

“Presentaré más salvaguardas” a la cámara para el “caso de que se tenga que activar el backstop”, afirmó intentado tranquilizar a los diputados sobre el punto más conflictivo del acuerdo, el mecanismo destinado a evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Fue la fuerte oposición a este mecanismo lo que motivó el aplazamiento en diciembre, pero desde entonces nada parece haber cambiado.

“¿No está la primera ministra trayendo otra vez exactamente el mismo acuerdo que admitió que sería rechazado hace unas semanas?”, lanzó el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, en la sesión previa de preguntas a May.

“Tenemos un buen acuerdo sobre la mesa y estamos buscando clarificaciones” de la UE, respondió esta, recordando que desde mediados de diciembre ha estado en contacto con diferentes líderes europeos.

“Esas conversaciones continuarán en los próximos días”, agregó, asegurando que presentará nuevas garantías “antes de que la cámara vote al término de este debate”.

Tres días de plazo

Sin embargo, incluso antes de que comenzasen los debates May sufrió su segunda derrota en dos días: por 308 votos a favor y 297 en contra, los diputados aprobaron una enmienda que obliga al ejecutivo a presentar su plan alternativo en un plazo de tres días si el acuerdo es rechazado el martes.

Hasta ahora ese plazo era de 21 días. Y a menos de tres meses de la fecha del Brexit, el 29 de marzo, los diputados querían impedir que el gobierno “pierda tiempo” para poner al parlamento ante la disyuntiva de aprobar su controvertido texto o condenar al país a una salida de la UE sin acuerdo, de caóticas consecuencias.

Los legisladores tendrán además la posibilidad de presentar enmiendas a dicho plan B, que podrían ir desde la convocatoria de un segundo referéndum hasta descartar el riesgo de un Brexit sin acuerdo.

Precisamente para impedir esta última opción, el martes por la noche 303 diputados -frente a 296- había aprobado una enmienda a la Ley de Finanzas que dificultaría fiscalmente la implementación de una salida brutal de la UE.

El ejecutivo de May, que tras ser acusado de “desacato” al parlamento en diciembre se vio obligado a publicar sus informes legales “confidenciales” sobre el acuerdo de Brexit, volvió a sufrir así dos derrotas significativas gracias a la rebelión de una parte de los diputados conservadores.

Amenaza de Brexit sin acuerdo

En lo que Corbyn denunció como una estrategia para aumentar la presión sobre el parlamento, el gobierno ha llevado a cabo en los últimos días operaciones muy mediatizadas de preparación para un eventual Brexit sin acuerdo.

El lunes un centenar de camiones congestionaron y descongestionaron una carretera del sur de Inglaterra, en un ensayo de cómo gestionar los monstruosos atascos en los puertos británicos que provocaría el repentino restablecimiento de los controles aduaneros.

Ante la proximidad de la fecha del Brexit y la previsión de que el acuerdo negociado por May sea rechazado, crece también la especulación sobre la posibilidad de pedir un aplazamiento a la UE.

“Estamos convencidos de que Theresa May pedirá un aplazamiento tras el rechazo del acuerdo en el parlamento británico, pero ella no lo dice, ni públicamente ni en sus contactos con los interlocutores europeos”, dijo a la AFP una fuente diplomática en Bruselas.

AFP

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