El “plan B” de los saqueadores de Pdvsa para ocultar su botín

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El “plan B” de los saqueadores de Pdvsa para ocultar su botín

La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra

La trama investigada por saquear 2.000 millones de euros de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) urdió un plan para continuar haciendo caja después de que una jueza de Andorra abriera una causa por blanqueo en 2012.

Dos semanas después de que la magistrada Canòlic Mingorance ordenara el bloqueo de las cuentas bancarias de la red en Andorra, sus cabecillas diseñaron un plan B para seguir cobrando comisiones en otros paraísos fiscales, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El grupo, integrado por exviceministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), maniobró en diciembre de 2012 para que compañías chinas agraciadas por las adjudicaciones de PDVSA abonaran comisiones en Panamá.

La organización contó para diseñar su nueva arquitectura financiera con el asesoramiento de un alto ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra (BPA). El directivo ofreció a los investigados abrir cuentas en Panamá. Dijo que así sortearían los exámenes de compliance, el radar de los bancos que vela para prevenir el blanqueo de capitales.

Diego Salazar, un empresario venezolano que logró contratos millonarios de compañías chinas beneficiadas por PDVSA gracias presuntamente a su primo Rafael Ramírez, exministro de Energía y hombre fuerte de los gobiernos de Chávez, encontró en la dirección de la BPA un aliado.

Pablo Laplana, que en 2012 era director de la división internacional de la BPA, ofreció a Salazar que las empresas asiáticas beneficiadas por los contratos de la petrolera venezolana pagaran sus comisiones en un banco de la entidad andorrana en Panamá.

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“Es otra jurisdicción. Estás protegido por Panamá,  no tiene nada que ver con Andorra”

Conversaciones telefónicas grabadas por la Policía de Andorra demuestran cómo, pese al bloqueo de las cuentas en Andorra, responsables del banco del pequeño país pirenaico ayudaron a los investigados a mantener engrasada la maquinaria de cobro de comisiones.

El que fuera mano derecha y director financiero de Salazar, Luis Mariano Rodríguez, llamó el 14 de diciembre de 2012 al directivo de la BPA Pablo Laplana, Le explicó que los empresarios chinos no podían seguir pagando en cuentas bloqueadas.

El ejecutivo de la BPA ofreció al hombre de confianza de Salazar la apertura de nuevas cuentas en Panamá, donde supuestamente no alcanzaba la mano de la jueza andorrana Mingorance. Así se desarrolló la conversación:

  • Pablo Laplana: ¿Quieres que investigue la posibilidad de abrírtelo en Panamá?

  • Luis Mariano Rodríguez: ¿Crees que será posible?

  • P. L.: Yo creo que sí…pero déjamelo que te lo indago el lunes. Nosotros tenemos BPA, un banco en Panamá

  • L. M. R.: BPA, un banco en Panamá.

  • P. L.: ¡Claro un banco en Panamá!

Rodríguez aceptó la propuesta del directivo de la BPA, que le recomendó el país centroamericano frente a Suiza, donde los controles –aseguró- eran más estrictos. “Nosotros ya conocemos la operativa de los chinos y entonces a nivel de compliance (cumplimiento) tú ya la tiene aprobada. Te lo digo por agilidad. Por si los suizos, que son muy suizos, se ponen cuadriculados,…yo miro la posibilidad de abrírtelo en Panamá”.

El ejecutivo de la entidad insistió en las ventajas de cobrar a través del país centroamericano: “Aquello es otra jurisdicción… , pero es el mismo banco. La parte de compliance (cumplimiento) ya la tienes pasada, sencillamente es otra jurisdicción y estás protegido por Panamá, no tiene nada que ver con Andorra”, le dijo a Rodríguez.

Presiones a la investigación

En otro pinchazo captado por los investigadores, Laplana explica al hombre de confianza de Salazar supuestas presiones para entorpecer la investigación. “A través de los abogados, están presionando para que no se envíe la información a Venezuela, alegando motivos de seguridad para las vidas de las familias”.

El directivo de la BPA y el lugarteniente de Salazar muestran en otro diálogo su confianza en el archivo de la causa. Y revelan los planes de la red de emprender acciones para reclamar daños y perjuicios. Seis años después del pronóstico, la investigación continúa y mantiene bajo el radar a los principales implicados: Salazar permanece detenido en Caracas desde el pasado diciembre. Y el Gobierno de Nicolás Maduro destituyó a su primo Rafael Ramírez del puesto de embajador de Venezuela ante Organización de Naciones Unidas (ONU). Además, la Fiscalía del país sudamericano anunció la apertura de una investigación contra Ramírez.

Los negocios de Salazar con empresarios asiáticos se enmarcan en un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (16.219 millones de euros) del gigante oriental a cambio de petróleo.

En su declaración ante la juez andorrana Mingorance, en febrero de 2015, Salazar se refirió a Luis Mariano Rodríguez como “su director financiero y la persona que controlaba las cuentas” de sus empresas. E insistió en que sus negocios con firmas asiáticas, como la ingeniería Sinohydro Corporation Limited, eran “reales y legales”.

Rodríguez llegó a manejar un entramado de 11 depósitos y diez sociedades en la BPA que movieron 626 millones de euros.

La trama bajo sospecha blanqueó supuestamente 2.000 millones de euros en Andorra de supuestas comisiones de hasta el 15 % que abonaron empresas beneficiadas por PDVSA. La mecánica corrupta implicó a 10 personas, entre las que figuraron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. Un magnate de los seguros y testaferros completaban el grupo.

Cuando la red operó, entre 2007 y 2012, Andorra permanecía blindada por el secreto bancario. Un velo que cayó el pasado año.

Las autoridades de este país pirenaico de 78.000 habitantes intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dueños del banco, que alcanzó los 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.

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