Seguridad personal, el mayor riesgo de los periodistas que cubren represión en las fronteras

A una semana de la cobertura periodística del 23 de febrero de 2019, cuando centenares de periodistas de Venezuela y otros países se concentraron en la frontera del estado Táchira con Colombia para reportar el intento fallido de ingreso de ayuda humanitaria, muchos de esos reporteros se siguen comunicando entre sí para saber cómo sortearon el posterior cierre de los pasos binacionales o cómo les fue de regreso al país por los caminos verdes.

Por Equipo de Ipys Venezuela

En las trochas entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio (Venezuela) está prácticamente prohibido decir que se es periodista. Quienes las controlan, civiles organizados, han revisado bolsos y morrales para constatar que nadie porte cámaras, grabadoras y otros equipos del trabajo periodístico. Un director de televisora regional a quien hallaron una cámara permaneció desaparecido durante más de tres horas el 25 de febrero.

“La principal dificultad que conseguí fue ver en riesgo nuestra seguridad personal”, dice Carolina González, jefa de redacción de El Carabobeño, quien recibió un perdigonazo durante la cobertura periodística en el puente de Ureña, aunque una moneda se interpuso entre el proyectil y su piel y el impacto no pasó de un morado.

En opinión de otros periodistas también consultados por IPYS Venezuela, la seguridad personal durante los enfrentamientos violentos de varios días entre fuerza pública y manifestantes en los puentes internacionales, pero también en la ida o el retorno por trochas, resultó lo más peligroso de la cobertura.

“Lo primero de regreso fue sacar todo lo que me relacionaba con el periodismo, como chaqueta, gorra, el carnet, un koala, y dejarlo en Colombia”, cuenta González.

Otro periodista de un medio venezolano, que pidió el resguardo de su identidad, explica que cada integrante de su equipo de prensa debió pagar 25.000 pesos (aproximadamente 25.000 bolívares, al cambio) por atravesar una trocha binacional. Vivieron momentos de tensión cuando presuntos irregulares les pidieron quitarse la camisa para revisarlos, a medio camino. En algunos tramos hablar está sencillamente prohibido, por advertencia de los “trocheros”.

El 22 de febrero de 2019 el régimen de Nicolás Maduro decidió cerrar hasta nuevo aviso el paso peatonal por los tres puentes internacionales que unen el estado fronterizo del Táchira con la vecina República. El Ejecutivo de Colombia, por su parte, también apeló por la medida hasta que haya garantías de seguridad para los viajeros. Solo por el puente Simón Bolívar, principal puerta de migración de venezolanos al resto del mundo, transitan a diario 25.000 personas, según cálculos de Migración Colombia.

Otros patrones de acoso

Pero no solo hay requisas arbitrarias en los pasos informales de esta frontera históricamente tan porosa. Este mismo periodista venezolano sufrió una detención durante una hora en un puesto militar fronterizo de Venezuela, donde les quitaron los carnets de prensa para fotografiarlos y los sometieron a requisas. “Nos sentíamos prácticamente como fugitivos”, compara el reportero.

Además de las detenciones temporales por parte de fuerzas de seguridad o incluso grupos de civiles con armas de fuego, otras dificultades de la cobertura al compás de estos hechos fueron el robo de equipos de trabajo como cámaras y celulares, pero también de objetos personales como documentos, ropa o equipos antimotines.

Solo entre el 22 y 23 de febrero de 2019 la periodista tachirense Judith Valderrama confirmó 21 ataques a periodistas y gente de medios de comunicación nacionales y extranjeros. En un trabajo titulado “Las 48 horas dantescas de la prensa en la frontera”, publicado en el Diario de Los Andes, refiere que los afectados señalan a dos tipos de victimarios: “paramilitares venezolanos” o funcionarios de organismos de seguridad. Aunque, en ocasiones, los segundos “hacían un papel cómplice” al permitirles a los primeros actos delictivos cerca de su alcance, sin enfrentarlos o detenerlos.

“La presencia de civiles armados en San Antonio del Táchira me obligó, primero, a dar muchas carreras, pero también a resguardarme y proteger los equipos”, cuenta este periodista venezolano quien pidió no ser identificado.

Su relato coincide con la crónica de la periodista Adriana Núñez Rabascall, publicada en el sitio web Prodavinci. Allí contó cómo pudo refugiarse y huir de los civiles armados en San Antonio. En paralelo, una reportera de medios internacionales expresó luego a colegas que también el 23 de febrero debió permanecer escondida durante cuatro horas en una casa de la población fronteriza de Ureña, hasta que cesó el sonido de las balas.

Fueron obstáculos al libre ejercicio de la labor periodística, igualmente, la obligación por parte de fuerzas de seguridad del lado venezolano de borrar material periodístico de trabajo en video y/o fotos, en algunos casos bajo amenaza de detención. El texto de Valderrama confirma, del mismo modo, el asedio a dos hoteles, en San Antonio y Ureña, donde se hospedaban equipos de prensa que cubrían la situación fronteriza.

Las miradas del mundo se posaron en la frontera colombovenezolana durante los últimos días. Los organizadores del concierto Venezuela Aid Live detallaron que habían entregado 13.000 acreditaciones de prensa para esa jornada musical del 22 de febrero de 2019. La gran mayoría se quedó hasta el 23, día fijado por la Asamblea Nacional para el ingreso de toneladas de ayuda humanitaria acopiadas en Tienditas, muy cerca de Cúcuta, en la frontera. Los tres días siguientes continuaron refriegas menores en los puentes de Ureña y San Antonio.

Una caravana de parlamentarios y equipos de prensa que había partido de Caracas para acompañar las ayudas resultó interceptada durante tres horas y robada a la entrada de San Cristóbal por sujetos armados sin identificación.

El gobierno venezolano cataloga los hechos como “show mediático”. Pero reporteros regionales que regresaron al país calculan, una semana después, que no pudieron emitir en sus medios incluso más de la mitad del contenido periodístico que recabaron, debido a presiones de censura.

Zonas silenciadas

Estas situaciones de violaciones, amenazas y riesgos a las que se enfrentaron los periodistas en la frontera, “limita la libertad de expresión y produce un efecto amedrentador sobre el libre flujo de la información, genera autocensura y refuerza la tendencia a llevar a cabo un periodismo que evite informar sobre temas de seguridad, corrupción o tráfico de influencias y a desarrollar un periodismo alineado con el poder”, así lo analiza la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en su informe Zonas silenciadas, que da cuenta de las vulnerabilidades a las que se enfrentan los periodistas en lugares de alto riesgo, muchos de ellas zonas fronterizas de América Latina.

Este organismo explica que en estos territorios prevalece “la violencia ejercida contra la integridad física y psicológica de periodistas y trabajadores de medios de comunicación por estructuras criminales sin o con la aquiescencia del Estado, sin embargo, no puede desconocerse que en la región subsisten otros medios de orden institucional encaminados a censurar u obstaculizar la labor de la prensa”.

Estas violaciones y amenazas a las que se enfrentaron los periodistas en la frontera colombovenezolana, “limita la libertad de expresión y produce un efecto amedrentador sobre el libre flujo de la información, genera autocensura y refuerza la tendencia a llevar a cabo un periodismo que evite informar sobre temas de seguridad, corrupción o tráfico de influencias y a desarrollar un periodismo alineado con el poder”, así lo analiza la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en su informe Zonas silenciadas, que da cuenta de las vulnerabilidades a las que se enfrentan los periodistas en lugares de alto riesgo y niveles de violencia, muchas de ellas zonas fronterizas de América Latina.

Los riesgos y los altos índices de autocensura son dos determinantes de las “zonas silenciadas”, una definición que utiliza la relatoría para describir “la violencia ejercida contra la integridad física y psicológica de periodistas y trabajadores de medios de comunicación por estructuras criminales sin o con la aquiescencia del Estado, sin embargo, no puede desconocerse que en la región subsisten otros medios de orden institucional encaminados a censurar u obstaculizar la labor de la prensa”.

IPYS Venezuela considera que es necesario implementar un medidas de protección urgente en la frontera para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Es una obligación binacional establecer mecanismos de seguridad pública que minimicen los riesgos y las presiones que afectan la integridad y el trabajo de los periodistas y la posibilidad de los ciudadanos de estar informados.

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