Venezuela: ¿lo llamamos dictadura o todavía no?

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uvo una de las democracias más sólidas de Latinoamérica y ahora quedan pocas dudas de su debacle. Más de 600 presos políticos, numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, la imposición de un régimen de terror a través de instancias como el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente, censura a los medios de comunicación y otros elementos conducen a una conclusión evidente

Por Oscar Medina | @oscarmedina1

El debate acerca de cómo denominar al gobierno venezolano lo zanjó el diario Folha de Sao Paulo apelando a su manual de estilo: “dominación de una sociedad por medio de un gobierno autoritario ejercido por una persona o un grupo, con represión y supresión o restricciones de las libertades individuales”. A eso lo llaman dictadura. Y desde el 5 de agosto en el diario brasileño escriben “el dictador Nicolás Maduro”.

No es un mero asunto de redacción. En su editorial de ese día, Folha argumentó la decisión: el acelerado deterioro de la democracia, la abolición de los poderes del Legislativo, la manipulación del Poder Judicial, el encarcelamiento de opositores, las restricciones a la libre prensa, y la represión contra las protestas que produjo más de 150 muertos, a lo que se suma la elección de una Asamblea Nacional Constituyente bajo reglas y condiciones manipuladas para favorecer al chavismo. Un resumen, muy compacto, de lo mucho que sucede en el país del socialismo del siglo XXI.

Hasta hace apenas unos meses los venezolanos considerábamos como radicales a quienes se referían al gobierno de Maduro como dictadura. Preferíamos, en todo caso, el término “régimen”, una idea más amplia que quizás podía abarcar la compleja naturaleza de un sistema autoritario consolidado por la vía del voto.

Las elecciones de diputados del 6 de diciembre de 2015 sembraron la esperanza de un cambio. La posibilidad de poner freno a las peores inclinaciones del régimen “cívico-militar” asomaron con el relevo en la conducción del Parlamento: ahora la oposición democrática se instalaría como mayoría. Pero los estrategas del chavismo ya habían movido sus fichas: una de las últimas actuaciones de la directiva saliente de la Asamblea Nacional fue nombrar –la noche del 23 de diciembre de 2015- a un grupo de fieles oficialistas a cargo del Tribunal Supremo de Justicia. Y rápidamente el Poder Judicial se convirtió en el muro donde se estrellaron –y lo siguen haciendo- todas las decisiones parlamentarias que afecten a las arbitrarias decisiones del Ejecutivo.

Fue así como el Tribunal Supremo se convirtió –ya sin disimulos- en gobierno. En un gobierno de sentencias.

La opinión pública internacional pudo ver con mayor claridad las implicaciones de esta movida el 28 de marzo de 2016, día en que el TSJ publicó las sentencias 155 y 156 que en la práctica anulaban las facultades del Parlamento y las traspasaban a las manos del presidente Maduro. Y lo entendieron mejor cuando la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó que aquello no era otra cosa que una ruptura del orden constitucional. Es decir, el auto golpe al que hizo referencia el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenando de inmediato estas decisiones y convocando de urgencia al Consejo Permanente de la OEA.

¿Ya entonces se podía hablar de dictadura? Maduro ordenó una “revisión” de las sentencias y la Sala Constitucional del TSJ actuó de inmediato revirtiéndolas parcialmente, con lo cual quedó en evidencia cómo es que los magistrados atienden a la voz de mando. El daño ya estaba hecho. Y de todas maneras, para el momento ya había más de 50 sentencias anteriores que anulaban el trabajo de los diputados.

Al asfalto

En abril la protesta ciudadana ajustó foco: había que expresar repudio al golpe contra los parlamentarios. Y más: exigir la restitución del orden democrático, respeto a la Asamblea Nacional, a los derechos humanos, liberación de los presos políticos, permitir un corredor de ayuda humanitaria para el ingreso de alimentos y medicinas y establecer un cronograma electoral. Pero el gobierno también dejó ver lo que vendría: un grado de represión y violencia contra las manifestaciones de calle por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana con proporciones de terrorismo de Estado y que incluye robos, torturas y uso de armas de fuego.

El 25 de abril la Fiscalía dio su primer balance: 26 personas asesinadas, entre ellas 4 adolescentes; 437 heridos y 1.289 detenidos. La primera víctima de esta lista fue Jairo Ortiz Bustamante, estudiante de 19 años de edad: el 6 de abril lo mató una bala disparada por un agente de la Policía Nacional mientras participaba en una protesta.

Esos números, como se sabe, se incrementaron. La organización defensora de derechos humanos Foro Penal Venezolano registra que entre el 1 de abril y el 31 de julio en el contexto de las manifestaciones fallecieron 133 personas, “de estas 101 fueron asesinadas” (otros recuentos sitúan en 157 la cantidad de víctimas mortales hasta el 13 de agosto). Su más reciente informe da cuenta de 4 mil heridos y más de 5 mil arrestos “arbitrarios”.

El documento pasa revista al panorama: “Se mantiene una reiterada y abusiva violación al debido proceso y el derecho a la defensa contra los detenidos por protestas, y se siguen ejecutando torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos. Las denuncias de abusos sexuales y violación se han incrementado, mientras que las golpizas y humillaciones cuando las personas son detenidas ya se han hecho sistemáticas. La incomunicación de los detenidos sigue siendo regular”.

La ANC contempla también la creación de una comisión de la verdad, cuyo objetivo es “investigar” los hechos ocurridos durante las manifestaciones de los últimos cuatro meses. Y para eso tendrá la potestad de declarar directamente sanciones penales y políticas: sin juicio formal, sin debido proceso, sin garantías

Mileydi González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida en Barquisimeto, la capital del estado Lara, en el centro occidente de Venezuela. Esto le contó al diario español El País: “En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”.

Es conocida la historia de Wuilly Arteaga, el llamado violinista de las marchas. Arteaga solía tocar el instrumento durante las protestas. Por eso, el 17 de julio fue detenido por la Guardia Nacional y en el mismo vehículo militar en el que lo trasladaban –denunció- no solo fue torturado: los uniformados abusaron sexualmente de una joven detenida. Arteaga pasó 19 días encerrado sin ninguna razón, sometido a golpizas y malos tratos, y fue liberado bajo régimen de presentación. Su caso ya forma parte del expediente de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El informe del Foro Penal también explica una práctica cotidiana: la aplicación de la justicia militar contra los ciudadanos. “El número de personas civiles presentadas ante tribunales militares ha aumentado progresivamente”, señala: “En total, 609 ciudadanos civiles han sido procesados en la jurisdicción penal militar, mientras que 372 de ellos han sido privados de libertad (entre abril y julio) mediante órdenes judiciales emitidas por tribunales militares, negándosele su derecho constitucional al juez natural”.

En el estado Zulia, al noroccidente venezolano, 36 personas fueron detenidas por la Policía Nacional el 20 de julio. Tras el susto inicial, 16 quedaron en libertad. A las otras 20 les tocó una ración de infierno que se relata en el informe: “fueron procesadas en jurisdicción penal militar, en audiencia celebrada el 25 de julio. De acuerdo a las declaraciones obtenidas directamente en la audiencia de presentación de estas personas, las mujeres detenidas fueron víctimas de actos lascivos, entre ellas una niña de 12 años, quien fue detenida con su hermano, Alexander Vente, quien quedó privado de libertad. La joven fue manoseada en sus órganos genitales por los agentes policiales. Otro de los detenidos (hombre) fue víctima de violación. A otra de las personas arrestadas le prendieron su cabellera con fuego, ocasionándole quemaduras de segundo grado en la parte superior de la espalda. Dos de los detenidos fueron heridos de perdigones en la espalda y abdomen. Otros 2 fue-ron golpeados con una guaya en la espalda y el resto de los detenidos también manifestó que fueron golpeados brutalmente en distintas zonas de su cuerpo”.

Y no se trata solo de la denuncia de esta ONG: el 4 de agosto un grupo de expertos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas exigió a Venezuela “frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles detenidos en las manifestaciones contra el gobierno”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se ha pronunciado: “Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas”.

Todo el poder

¿Hay razones para calificar al régimen de Maduro como dictadura? Además de la represión, otra de las respuestas del gobierno a las demandas opositoras fue proponer una Asamblea Nacional Constituyente. El mismo Maduro la convocó y decidió la forma en que se haría, pasando por encima de la Constitución y saltándose la consulta pública que dicta la norma. Maduro tomó una decisión que le correspondía al pueblo. Y además se aseguró de que en ella el oficialismo corriera con ventaja. El mismo Consejo Nacional Electoral que torpedeó una y otra vez el intento por hacer un referendo revocatorio contra el mandatario, montó la elección de 545 “constituyentes” a la velocidad del rayo. La oposición se negó a participar y organizó una suerte de plebiscito: el 16 de julio poco más de 7,6 millones de venezolanos rechazaron la Constituyente.

Pero eso no importó: el 30 de julio se hicieron las elecciones de los llamados “constituyentes” y existen denuncias y evidencias de que los empleados públicos y los beneficiarios de programas asistenciales del Estado fueron amenazados para obligarles a participar. El CNE todavía no ha dado el detalle de los números, pero anunció que 8 millones de personas habrían acudido a la votación. En realidad, nadie creyó eso.

La propia empresa encargada del sistema de votación –Smartmatic- advirtió que el CNE había manipulado el resultado en al menos 1 millón de votos. Antes de hacer pública la denuncia tomaron la previsión de sacar a sus gerentes del país.

En teoría la ANC se convoca para escribir una nueva Constitución, tal como lo hizo Hugo Chávez en 1999. Ahora la intención es otra. Y ya se ha visto: la ANC es una instancia que, debido a interpretaciones acomodaticias, se erige por encima de todos los poderes públicos y a través de los “actos constituyentes” puede tomar decisiones en cualquier ámbito.

El 5 de agosto la Guardia Nacional rodeó la sede de la Fiscalía General e impidió la entrada a Luisa Ortega Díaz. Horas después, en su primera sesión, la ANC acordó la destitución de la Fiscal y dejó el camino libre para pasarla a juicio. Esa era una promesa hecha: Ortega es considerada por el chavismo como una traidora. Tuvo que salir del país de forma clandestina y Colombia y Brasil le han ofrecido la posibilidad de concederle asilo.

Hoy es posible que sea ella la persona que tenga en sus manos las pruebas de casos de corrupción más rotundas contra los altos cuadros del gobierno venezolano. El miércoles 23 de agosto, en el marco de la reunión de Fiscales Generales de Mercosur, hizo dos revelaciones importantes: que Diosdado Cabello, el hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela, recibió 100 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y que el propio Nicolás Maduro es el gran beneficiario de las negociaciones turbias del programa de asistencia alimentaria Clap, a través de la empresa Group Grand Limited, registrada en México.

El 5 de agosto, en su primera reunión también decidieron que la ANC estará activa al menos dos años. Desde entonces, el régimen de Maduro gobierna a través del TSJ y de la ANC. Lo que se espera es que la ANC acabe pronto con el Parlamento de mayoría opositora y lo sustituya. Y que se abran procesos penales contra algunos de los diputados más incómodos por su participación en las protestas de estos meses.

Apuntando

De momento, la maquinaria ha ido contra los alcaldes. Entre destituciones y castigos de prisión, 12 de los 77 alcaldes de la oposición elegidos en 2013 han quedado fuera de sus cargos. Y en las últimas semanas se dieron los casos más recientes: Ramón Muchacho y David Smolansky, ambos de municipios capitalinos, con órdenes de captura emitidas por el TSJ bajo el argumento de no haber impedido las protestas de calle en sus jurisdicciones. No serán los últimos y no son los únicos en fuga: el 21 de julio el Parlamento juramentó a 33 nuevos magistrados que operarían en una especie de TSJ paralelo. El gobierno anunció que serían detenidos de inmediato: algunos lograron salir del país, otros se refugiaron en embajadas y recibieron protección de Chile, Panamá y Colombia.

Ángel Zerpa no tuvo tiempo de evadirse. El 22 de julio, un día después de su nombramiento como magistrado, fue detenido por el Sebin, la policía política y de inteligencia. Un tribunal militar lo acusó de traición a la patria y desde entonces hasta el 25 de agosto lo tuvieron encerrado en un baño del Sebin. Tras casi un mes en huelga de hambre, fue liberado bajo régimen de presentación y con prohibición de salida del país.

El 10 de agosto Nicolás Maduro se presentó por primera vez ante la ANC y entre otras cosas propuso crear una instancia similar en la Fuerza Armada, acelerar la creación del Estado comunal y entregó una ley “contra la intolerancia y el odio” que contempla penas de hasta 25 años de cárcel para quienes “instiguen” al odio. La instigación, por cierto, es la acusación genérica que más se ha usado contra los manifestantes enjuiciados: ha sido muy útil para criminalizar la protesta ciudadana. Más tarde anunciaron que trabajarán en una ley para regular la transmisión de “mensajes de odio” a través de las redes sociales. Y para el gobierno, la traducción de odio es disidencia: la ex canciller y presidenta de la ANC ya señaló como culpables de esos “mensajes de odio” a los partidos políticos de la oposición.

La ANC contempla también la creación de una comisión de la verdad, cuyo objetivo es “investigar” los hechos ocurridos durante las manifestaciones de los últimos cuatro meses. Y para eso tendrá la potestad de declarar directamente sanciones penales y políticas: sin juicio formal, sin debido proceso, sin garantías. Actualmente hay más de 600 presos políticos y con estas nuevas herramientas esa cifra se elevará.

Los ataques a la prensa y a la libertad de expresión han ido en aumento, tal como corresponde a todo gobierno autoritario. Hasta el 22 de agosto y solo durante ese mes, 12 medios de comunicación -entre emisoras de radio y pequeñas televisoras regionales- fueron forzadas a interrumpir sus transmisiones. En paralelo, el organismo regulador de las comunicaciones, Conatel, abrió expedientes a los canales de alcance nacional Venevisión y Televen a solicitud de Maduro.

En 2014 las cableoperadoras recibieron la orden de excluir de sus servicios al canal de noticias NTN24. En febrero de 2017 le tocó el turno a CNN en Español, en abril a las señales de El Tiempo de Colombia y Todo Noticias, de Argentina. El 24 de agosto restaron otras dos ventanas de información: los canales colombianos RCN y Caracol, bajo el argumento de que “incitan al odio” y al “magnicidio”. Cinco canales internacionales censurados en menos de un año: ¿cómo se llama un gobierno que hace tal cosa?

El Instituto de Prensa y Sociedad, Ipys, advirtió que en lo que va de 2017 “al menos 48 emisoras de radio y TV han sido censuradas por orden del órgano de telecomunicaciones del país”. Hay que sumar dos más. Dos emisoras radiales con base en Caracas quedaron fuera del espectro durante la noche del 25 de agosto: Mágica 99.1 FM y 92.9 FM, una emisora de corte juvenil de las más emblemáticas y pionera en la frecuencia modulada.

El caso de 92.9 incluye elementos a destacar: formaba parte del mismo grupo empresarial propietario del canal RCTV, la primera gran víctima de la revolución en lo que a medios se refiere. Y en su programación rotaba un espacio llamado “El bolajala” que tenía como personajes a dos jóvenes obligados a trabajar en el hato de un “jefazo” déspota y militar que utilizaba a un capataz de pocas luces para manejar la propiedad. A través de ese segmento y de forma ingeniosa la estación cumplía con la cuota obligatoria de música venezolana -criolla, llanera, en este caso-  impuesta por Conatel. Hoy el dial de 92.9 lo ocupa la nueva emisora Corazón llanero, dirigida por un militar.

Esto, por supuesto, no es todo lo que sucede en Venezuela. Hay mucho más: suspensión arbitraria de pasaportes a periodistas y adversarios políticos, denuncias de policías que revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos, tomas militares de edificios residenciales y muchos países que advierten sobre el quiebre evidente de la democracia. No es todo, pero quizás sea suficiente para responder a la pregunta: ¿lo llamamos dictadura o esperamos un poco más?

verticenews.com

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